MEGAMINERÍA

Mitos y realidades de la megaminería en Argentina –proyecto San Jorge

La megaminería tiene 3 paradigmas el saqueo económico, la degradación institucional y la ecuación ambiental. Estas empresas mineras tienen promesas de generación de fuentes de empleo, cuando la mano de obra es escasa y transitoria. La megaminería es una actividad donde solo importa el lucro de los inversores sin tener en cuenta la contaminación que trae aparejada a la zona, al ambiente, la flora y fauna, al ser una actividad estrativista a cielo abierto, con economías de esclavo para los obreros sin puestos estables de trabajo.

Esto es una lucha en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común, protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad, que presenta las poblaciones como desérticas y pobres.
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados. Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama. Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.
Las transnacionales mineras gozan de subsidios nacionales, estabilidad jurídica por 30 años, incentivos fiscales provinciales y municipales, pagan mínimas retenciones para llevarse al exterior valiosos minerales mediante una simple declaración jurada y sin control estatal, y pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas que perciben por sus exportaciones.
La implementación de este modelo de saqueo, extractivo y exportador, es resistida por los/as pobladores/as, comunidades campesinas, organizaciones sociales, pueblos originarios, vecinos/as autoconvocados organizados en asambleas socio ambientales en defensa del territorio y de la vida; que impulsan diferentes estrategias de lucha y denuncia frente a los estragos ocasionados por estos emprendimientos.
Los gobiernos locales argumentan que la minería traerá “desarrollo y trabajo” cuando los hechos demuestran que sólo genera enfermedades, destrucción y muerte. Ellos acompañan la embestida de las transnacionales mineras con políticas represivas que criminalizan y judicializan la protesta de los/as luchadores/as sociales, avalando también la actuación de “grupos especiales” para policiales encargados de intervenir con violencia marchas o bloqueos anti-mineros a fin de acallar las resistencias.